Llamase Olimpia no parece tan sencillo. Tenía 18 años y vivía en Huauchinango, una ciudad serrana del estado de Puebla, cuando su novio subió a internet un video sexual de ambos sin su consentimiento. El video mostraba su rostro. Se viralizó. Y Olimpia Coral Melo dejó de querer llamarse Olimpia.
Lo que vino después fue humillación. Su comunidad se burló. Las autoridades del Ministerio Público la revictimizaron. No había ley que la protegiera. No había nombre para lo que le estaban haciendo. Durante años, cargó sola con el peso de un crimen que ni siquiera era reconocido como tal. Trece años después, ese nombre que quiso borrar es hoy el título de una ley.
En abril de 2021, México dio un paso histórico al aprobar a nivel federal la Ley Olimpia, una legislación que reconoce la violencia digital como delito y protege la intimidad sexual de las personas. Quien grabe, difunda o intercambie contenido íntimo sin consentimiento puede enfrentar entre 3 y 6 años de prisión, además de multas económicas. Si el agresor es o fue pareja de la víctima, la pena se agrava.
Y desde este 6 de marzo, su historia llega a la pantalla grande de la Cineteca Nacional de la mano del documental Llamarse Olimpia, dirigido por Indira Cato, productora enfocada en proyectos con perspectiva de género y directora de cine. La película sigue a Olimpia Coral Melo y a muchas otras chicas que son parte de la organización Defensoras Digitales, las principales impulsoras de la Ley Olimpia, que protege a las mujeres de la violencia sexual digital”, explica Indira Cato, en entrevista con WIRED en Español.
Para la propia Olimpia “la Ley Olimpia es una serie de reformas legislativas que reconocen a la violencia digital como parte de nuestras leyes: aquella violencia que se hace, se transmite y se elabora a través de espacios digitales y que daña los derechos humanos de las personas. Y además, en términos jurídicos, reconoce un delito en especial: la violación a la intimidad sexual, que es la difusión, producción o almacenamiento de contenidos íntimos —reales o alterados— sin consentimiento. Hoy esto se castiga con entre 3 y hasta 9 años de cárcel, con agravantes”.
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