Yate incautado por el FBI en 2022 ha costado $43 millones a contribuyentes

Un lujoso superyate vinculado a un magnate ruso sancionado se ha convertido en un gasto millonario para los contribuyentes de Estados Unidos, luego de ser incautado como parte de medidas internacionales.

Desde su decomiso en 2022, el mantenimiento de la embarcación ha requerido una inversión constante sin generar beneficios económicos.

Un yate de lujo bajo custodia

Se trata del yate Tango, una embarcación de 255 pies de eslora construida en Rusia, que fue asegurada por el FBI en el puerto de Mallorca, España, a inicios de 2022.

La incautación formó parte de las sanciones impuestas contra un multimillonario ruso, cuyo nombre no se detalla en la información proporcionada.

Desde entonces, agencias estadounidenses han destinado más de $43 millones para mantener el yate en condiciones operativas y bajo resguardo.

Costos elevados y constantes

El gasto incluye salarios de la tripulación, tarifas de atraque, seguros y mantenimiento general.

Además, este tipo de embarcaciones requiere consumo constante de combustible y energía para evitar su deterioro, incluso cuando no está en uso.

Algunos superyates abandonados pueden gastar miles de dólares diarios solo para mantener sistemas básicos como el aire acondicionado y la operación interna.

Impacto ambiental y cuestionamientos

El mantenimiento de este tipo de embarcaciones también implica un impacto ambiental considerable, ya que el transporte marítimo contribuye a la emisión de gases contaminantes.

Este caso ha generado críticas, especialmente porque el dinero público destinado al yate podría utilizarse en necesidades urgentes como infraestructura, educación o programas sociales, en un contexto donde muchas familias enfrentan el aumento del costo de vida.

Un problema legal complejo

Expertos señalan que los procesos legales s con bienes incautados suelen ser largos y deben cumplir con normativas internacionales, lo que dificulta su venta o disposición inmediata.

Sin embargo, también existe consenso en que se necesitan mecanismos más eficientes para manejar este tipo de activos, como subastarlos rápidamente o redirigir los recursos a proyectos comunitarios.