El Gobierno de Rusia intensificó su pulso contra Telegram y comenzó a restringir de forma progresiva el funcionamiento de la aplicación de mensajería en el país, en una decisión que incluye la ralentización del servicio y la limitación de algunas funciones clave.
La Agencia Federal de Supervisión de las Telecomunicaciones, Roskomnadzor, informó que la plataforma no ha cumplido con la legislación local para combatir fraudes, delitos y el uso de la mensajería con “fines criminales y terroristas”, por lo que anunció nuevas medidas técnicas para reducir su operatividad.
Aunque Telegram sigue disponible, usuarios han reportado fallas como descargas de video más lentas y dificultades para usar determinadas herramientas. Además, la compañía ha recibido multas que superan los 800.000 dólares por negarse a retirar contenidos solicitados por las autoridades.
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El regulador advirtió que “continuará introduciendo restricciones graduales” hasta que la aplicación se ajuste a la normativa rusa.
Para críticos y organizaciones de derechos humanos, la decisión forma parte de una estrategia del Kremlin para reforzar el control sobre internet y limitar la circulación de información, especialmente en medio de la guerra en Ucrania y la represión de voces disidentes.
El fundador de Telegram, Pável Dúrov, respondió que las restricciones buscan forzar a los ciudadanos a migrar hacia una plataforma “controlada por el Estado”.
“Restringir la libertad de los ciudadanos nunca es la solución correcta. Telegram defiende la libertad de expresión y la privacidad, independientemente de las presiones”, afirmó el empresario, quien acusó a Moscú de promover herramientas de vigilancia y censura política.
La apuesta por una “súper app” estatal
En paralelo a las limitaciones contra Telegram, el Gobierno ruso impulsa el uso de Max, una aplicación nacional que integra mensajería, servicios bancarios, almacenamiento de documentos y trámites gubernamentales, en un modelo similar al de WeChat en China.
Sin embargo, su lanzamiento ha despertado inquietudes por su potencial como mecanismo de monitoreo estatal, algo que el Kremlin niega.
¿Qué está pasando con Telegram?
Las tensiones no son nuevas. Durante 2025, Rusia ya había impuesto restricciones a varias plataformas de comunicación.
En agosto de ese año limitó las llamadas de voz y video en Telegram y aplicó medidas similares contra WhatsApp. Meses después, bloqueó FaceTime de Apple. Según el Ministerio de Desarrollo Digital, estas decisiones respondían al aumento de estafas en línea y a la necesidad de reforzar la seguridad digital.
Desde entonces, las autoridades han acusado a las aplicaciones extranjeras de no colaborar con las investigaciones ni compartir información con los organismos de seguridad.
Telegram es uno de los servicios de mensajería más usados en Rusia, tanto para conversaciones privadas como para difusión de información pública. Medios de comunicación, figuras políticas e incluso dependencias oficiales del Kremlin mantienen canales activos en la plataforma.
Pese a intentos previos de prohibición —que fracasaron y fueron levantados en 2020—, el nuevo paquete de restricciones marca el mayor endurecimiento reciente contra la aplicación.
Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y Amnistía Internacional han advertido que estas medidas representan un nuevo golpe a la libertad de expresión en un país que figura entre los peores clasificados en índices globales de libertad de prensa.
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