La administración pública mexicana ha incorporado inteligencia artificial a sus procesos sin contar con una normativa que la regule. Un análisis de 45 solicitudes de transparencia a dependencias federales demuestra que, hasta noviembre de 2025, al menos 14 instituciones ya operaban con esta tecnología o desarrollaban proyectos internos.
Los documentos evidencian que el uso se concentra en áreas delicadas: fiscalización, seguridad, atención ciudadana y gestión administrativa. La finalidad oficial es elevar la eficiencia institucional; sin embargo, la ausencia de leyes específicas genera un desequilibrio entre el poder operativo del Estado y el control jurídico, poniendo en riesgo datos sensibles y derechos fundamentales.
El SAT aplica modelos estadísticos para descubrir factureras y patrones anómalos en importadores. La Secretaría de Cultura emplea cuatro soluciones internas dentro del Sistema de Información Cultural, entre ellas un clasificador de imágenes y un vinculador de registros. La SABG prueba Gemini de Google para normalizar textos de constancias mediante OCR.
En atención ciudadana, los chatbots son la cara más visible. El PTAT de la SRE, creado con la UNAM, guía a los usuarios a través de un árbol de opciones para agilizar trámites consulares. La herramienta responde consultas frecuentes y reduce la carga de los servidores públicos.
El ISSSTE y sus organismos descentralizados incorporan IA para la seguridad: FOVISSSTE recopila eventos de seguridad y PENSIONISSSTE aplica aprendizaje automático en tareas de protección de infraestructura y datos personales. La Guardia Nacional confirma su uso, pero sin detallar funciones.
En cambio, la UIF y la FGR clasificaron toda la información, argumentando que revelarla compromete la seguridad nacional y expone los modelos a manipulación. Esta opacidad contrasta con la necesidad de rendición de cuentas en el manejo de algoritmos que afectan a millones de ciudadanos.
La carencia de un marco de gobierno algorítmico implica que se procesan datos personales y clasificados sin protocolos de auditoría ni transparencia. La situación se agrava con el uso informal de IA generativa por parte de servidores públicos que introducen información confidencial en ChatGPT o Gemini sin clasificarla previamente.
Juan Manuel Aguilar, investigador del CISAN-UNAM, advierte: «Tengo conocimiento de algunos elementos de las fuerzas armadas que han utilizado IA para procesar información de forma más rápida. Y muchas veces esa información sí tiene un carácter sensible».
Riesgos sin red
La falta de lineamientos homogéneos abre la puerta a violaciones de privacidad, sesgos discriminatorios y decisiones automatizadas sin posibilidad de recurso. La sociedad exige no solo transparencia gubernamental, sino transparencia algorítmica que permita conocer cómo funcionan los sistemas y cómo se protegen los datos.
La urgencia de una estrategia nacional de IA se vuelve crítica: se necesitan leyes de protección de datos, estándares de ética algorítmica y mecanismos de supervisión independientes que garanticen que la innovación no se traduzca en vulneración de derechos.
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