Relatores independientes de Naciones Unidas alertaron que la ofensiva militar liderada por Estados Unidos e Israel ha profundizado la crisis de derechos humanos en Irán, subrayando que cualquier solución negociada debe priorizar la protección de los civiles.
En un comunicado, los especialistas informaron que los bombardeos han causado unos 2.000 fallecimientos entre la población civil y daños a hospitales, centros educativos, viviendas y patrimonio cultural. Más de tres millones de personas han tenido que abandonar sus hogares, muchas sin acceso a refugios ni sistemas de alerta temprana.
«Los iraníes sufren agresiones externas y represión interna», indicaron, refiriéndose a la creciente represión política, el cercenamiento de libertades públicas y el aumento de ejecuciones dentro del país.
Ejecuciones y represión interna en medio del conflicto
Los expertos condenaron la ejecución de al menos tres personas en Qom relacionadas con las protestas que comenzaron en diciembre de 2025. Estos casos reflejan un patrón de uso de la pena capital para silenciar la disidencia.
«Hemos cruzado un punto de no retorno», advirtieron, temiendo nuevas sentencias de muerte. También expresaron preocupación por procesos por espionaje o rebelión que presentarían graves irregularidades.
Según el grupo, la situación muestra violaciones persistentes que incluyen restricción del espacio cívico, discriminación contra mujeres y niñas y condiciones carcelarias degradantes. El acceso a internet lleva más de un mes restringido, aislando a la población y afectando la economía.
Sin garantías humanas no habrá paz estable
Los expertos señalaron que la guerra ha agravado estos problemas, pero aclararon que la crisis no nació con los bombardeos ni desaparecerá cuando cese el fuego.
Advirtieron además que algunas represalias militares iraníes podrían sobrepasar el límite de la legítima defensa previsto en la Carta de la ONU, lo que incrementaría el riesgo regional.
Instaron a incluir a la sociedad iraní en cualquier negociación diplomática. Recordaron que millones han salido a las calles en años recientes exigiendo reformas estructurales, por lo que sus demandas deben considerarse.
Entre las medidas urgentes solicitaron la liberación de detenidos arbitrariamente, la reapertura del acceso a internet, rendición de cuentas por abusos de todas las partes y la protección de los civiles.
«Detener la guerra es urgente, pero insuficiente», concluyeron, afirmando que solo abordando de raíz las violaciones y garantizando la participación ciudadana se podrá construir una paz duradera.
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